Magistrados "gemelearon" la Sala Constitucional

Creación de Sala IV paralela es una ruptura del orden constitucional

- Acto ilegal e inconstitucional se cometió cuando magistrados separados de su cargo y magistrados sustitutos sesionaron al mismo tiempo y resolvieron consultas legislativas y otros recursos, entre el 24 y 28 de marzo de 2008. El ex Magistrado Federico Sosto participó en ambas Salas. - Diputados y diputadas envían relación de hechos al Ministerio Público para que se determine la posible comisión de delitos por parte de los Magistrados Titulares. Tras las irregularidades comprobadas con la designación del Magistrado Sosto, como suplente, la Fracción de Acción Ciudadana, realizó una serie de investigaciones sobre los mecanismos de sorteo para nombrar a los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional. La investigación sobre la participación política del ex Magistrado Federico Sosto, descubrió un hecho aún más grave: Entre el 24 y 28 de marzo del 2008, existieron dos Salas Constitucionales funcionando en paralelo. Los magistrados titulares ejercieron como Magistrados de la República sin estar habilitados para el cargo . Ellos estaban separados de sus cargos por la Corte Plena y fueron sustituidos, según el acta del 10 de marzo del 2008. .El artículo 27 y el 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que un Magistrado con licencia concedida pierde la facultad de administrar justicia, porque esa potestad se " pierde o suspende para todos los negocios cuando, por cualquier motivo, el juez deja de serlo o queda suspendido temporalmente en sus funciones." "Los Magistrados fueron separados de su cargo y sustituidos. Lo hecho por los magistrados separados es una ilegalidad, al tramitar y votar un grupo de consultas de constitucionalidad realizadas por la Asamblea Legislativa. Sin tener poder para ello. Es una grosera violación del orden Constitucional por parte de aquellos llamados a defenderlo. Todo el mundo sabe que en Costa Rica existe UNA Sala Constitucional, no dos, ni tres." declaró la diputada Leda Zamora. Según el acta de la Corte Plena del 10 de marzo del 2008, la Magistrada Calzada, en su carácter de Presidente de la Sala Constitucional, solicitó se concediera permiso con goce de salario y sustitución a todos los Magistrados propietarios de la Sala. Para dedicar del 24 al 28 de ese mes al estudio y discusión de varias consultas facultativas relacionadas con la Agenda de Implementación. Sin embargo, el Magistrado Luis Paulino Mora, solicitó que se le exceptuará de la separación para participar de las votaciones en la Sala Constitucional y en la Corte Plena, lo que confirma el hecho de que los demás estaban inhabilitados para ejercer como Magistrados. Entre el 26 y 27 de marzo una Sala IV ilegítima integrada por los magistrados: Calzada, Mora, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz y el Suplente Sosto López. Resolvieron las consultas facultativas de: la Ley General de Telecomunicaciones, la Aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y de la Adhesión de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento. El mismo 27 de marzo la Sala Constitucional, que sí tenía la potestad de sesionar resolvió 264 expedientes. Así, como se consumó una situación de total irregularidad que quebrantó el orden constitucional. Costa Rica tuvo dos Salas Constitucionales paralelas por varios días. Es curioso, el Magistrado Sosto, asesor de Casa Presidencial, participó en forma simultánea en ambas salas. "La institucionalidad debe recomponerse y cada Magistrado debe asumir su responsabilidad. Existen responsabilidades penales y administrativas que deben ser dilucidadas por las instancias correspondientes. Lo sucedido es de la mayor gravedad y el no denunciarlo sería un atentado contra la propia democracia y el sistema de pesos y contrapesos en que esta se basa" afirmó el diputado Alberto Salom.

TLC en un nuevo Washington Ottón Solís

Obama prometió que trataría a América Latina como socia

El reciente proceso electoral de Estados Unidos abunda en lecciones. Por ejemplo, el candidato ganador, a pesar del amplio margen de su victoria, lejos de descalificar los votos de su rival desde el día posterior a las elecciones y de intentar negar la existencia de su partido, más bien ha reconocido las virtudes de su campaña y con generosidad y humildad lo ha buscado para tender puentes. El Presidente Electo nos ha enseñado que un componente elemental del reconocimiento de resultados electorales pasa por reconocer que todos los electores merecen respeto y que no todos se inclinaron por su candidatura. En relación con los tratados de libre comercio, Barack Obama afirmó durante la campaña que benefician a las corporaciones y no a la gente, que revisaría la política comercial y que trataría a América Latina como socia y no como súbdita. Por otra parte, los defensores más serios del TLC en Costa Rica han afirmado que, sin ser perfecto, era lo mejor que se podía obtener. Dentro del Partido Demócrata existen numerosos congresistas que desean ayudar al nuevo Presidente a cumplir con sus compromisos de campaña y están trabajando para que se renegocien los TLC, como lo pude comprobar la semana pasada en Washington. Están actuando de esa forma no porque se lo haya pedido algún costarricense, como de mala fe o con gran ignorancia se ha afirmado aquí. Estos congresistas efectivamente están convencidos de que la gente de Estados Unidos y la de nuestros países no gana con esos tratados. Ellos han observado que la tasa de crecimiento de la economía mexicana en sus 15 años de TLC es casi la más baja del continente, por lo que no absorbe su fuerza laboral, expulsa emigrantes al norte y compra poco a Estados Unidos. Esos congresistas quieren tratados que nos ayuden a crecer y a generar un desarrollo que impida el triunfo de regímenes populistas como el que, de acuerdo a algunos, casi surge en México hace tres años. Habrá otros dentro de ese partido que querrán que los tratados no se revisen y aun otros que quisieran renegociarlos para hacerlos más proteccionistas. Sin embargo, sería un serio error si Costa Rica ignora al grupo que más se aproxima a las posiciones del Presidente Electo o, peor aún, si ignora que efectivamente podría haber una revisión del TLC. Es urgente que nuestro Gobierno haga todo lo posible para lograr que cualquier cambio mejore y no empeore el TLC. Creemos que Costa Rica debe establecer una alianza con los congresistas que desean eliminar algunos de los privilegios que el TLC otorga a las corporaciones y que, además, desean establecer una relación entre el comercio y valores como la democracia, los derechos humanos, la libertad religiosa, el respeto a los derechos de los trabajadores, la protección del ambiente y la ética en la función pública, entre otros. Este enfoque crearía posibilidades de extraer ventajas de los históricos logros del país en algunos de esos campos, mejoraría la competitividad de los exportadores costarricenses y estimularía un cambio en la dirección correcta en los otros países de la región. Decenas de organizaciones religiosas, laborales, empresariales, agrícolas, comunales y políticas de Centroamérica han expresado su respaldo a un diálogo con esos congresistas dirigido a eliminar algunos extremos del TLC. A pesar de las diferencias que hemos tenido con el Gobierno en esta materia, surge una oportunidad de unirnos para respaldar una posible renegociación. En nuestro caso sería para mitigar males y en el del Gobierno para eliminar imperfecciones, pero ello no impide que encontremos numerosos puntos de acuerdo para beneficiar al país. En fin, ante las circunstancias creadas por el triunfo Demócrata, el país no debe cruzarse de manos. Por el contrario, debemos tomarles la palabra al Presidente Electo y a numerosos congresistas. En ese marco, Costa Rica debe comportarse como socia e influir para que, si se da una renegociación, esta sea en la dirección correcta. Mis reuniones en Washington me llenan de optimismo sobre las posibilidades que surgen con el triunfo de Barack Obama. También comprendo que las cosas buenas no van a ocurrir solas. Estoy convencido de que Costa Rica puede desempeñar un extraordinario papel si se asocia con este cambio, si se convence de que la era Bush ya pertenece al pasado y si se percata, con optimismo, de que ha nacido un nuevo Washington.

Sala Constitucional falsea hechos y texto de ley para defenderse

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Fracción del Partido Acción Ciudadana

Miércoles 19 de noviembre del 2008

Comunicado de Prensa

Sala Constitucional falsea hechos y texto de ley para defenderse

• “Gemeleo” de la Sala no tiene amparo en ninguna norma legal.
• Artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a sustituir a UN titular, no autoriza a gemelear toda la Sala Constitucional.
• El acta de Corte Plena que citan comprueban que los Magistrados titulares estaban separados de su cargo entre el 24 y 28 de marzo y por eso no podían votar como lo hicieron.

“Los Magistrados de la Sala Constitucional en un intento desesperado por defender lo indefendible utilizan argumentos que falsean los hechos y el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial” manifestó la diputada Leda Zamora, ante el escueto y omiso comunicado de la Sala Constitucional en reacción a la demanda presentada contra ellos en el Ministerio Público.

La Sala Constitucional el día de ayer, como reacción a la denuncia pública sobre el "gemeleo" de dicha Sala en el mes de marzo del 2008, invoca para justificarse el texto del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 65 propone una solución para magistrados instructores en mora judicial, situación que resuelve el presidente de la Corte a petición de la presidencia de la Sala que corresponda, y sin la intervención de la Corte Plena. A eso el diputado Olivier Pérez agregó que: “El articulo 65 se aplica a la hipótesis del llamado de magistrados suplentes para suplirUN magistrado titular que se dedique a resolver asuntos de gran complejidad exclusivamente. Dicho artículo no autoriza la creación otras Salas Constitucionales.”

“El artículo 4 y 8 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que también citan los magistrados en su comunicado, más bien reconocen un principio de equilibrio de poder judicial titular o en propiedad según el cual siempre debe haber una mayoría de magistrados propietarios integrando la única e irrepetible Sala Constitucional de únicamente SIETE asientos individuales disponibles” agregó Pérez.

En el acuerdo No. VII del 10 de marzo del 2008 de la Corte Plena, no existe ningún acuerdo que autorice a constituir una segunda Sala Constitucional, es claro que no hay ley que ampare hacer algo así. Pero sí consta que don Luis Paulino pidió durante esa sesión, que a pesar de la suspensión del ejercicio de la magistratura que solicitaba y en razón del permiso con goce de salario otorgado, se le permitiera asistir a las sesiones de Corte Plena y votar en la Sala Constitucional. ¿Por qué la Corte Plena le autorizó a votar mientras que no lo hizo así con los otros magistrados? se preguntó la diputada Zamora.

“La Sala Constitucional, al igual que toda la administración pública está limitada por el principio de legalidad. Sólo puede hacer lo que legalmente se le faculte. No existe ningún artículo de la Constitución Política, de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Jurisdicción Constitucional que habilite el gemeleo de la Sala Constitucional. Los magistrados que supuestamente emitieron el comunicado de la Sala han falseado los hechos y los textos de ley.”” concluyó el diputado Alberto Salóm.

Demandamos el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y la rendición de cuentas por parte de los señores magistrados.

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Caso de salas "gemeleadas” fue remitido al Colegio de Abogados y ACOJUD

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana

Jueves 20 de noviembre del 2008
Comunicado de Prensa



Caso de salas "gemeleadas” fue remitido al Colegio de Abogados y ACOJUD


· El acto ilegal e inconstitucional de Salas paralelas será estudiado y analizado por el Colegio de Abogados y la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD).



En una carta enviada a la Junta Directiva del Colegio de Abogados los diputados Olvier Pérez, Rafael Elías Madrigal, Alberto Salom, Ronald Solís, y Leda Zamora, solicitan a esta institución analizar y estudiar la “duplicación” de la Sala Constitucional y todas las implicaciones éticas y procésales correspondientes. Los hechos señalados motivaron que el caso fuera trasladado al Ministerio Público.



Los legisladores también remitieron la documentación correspondiente, a la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, para conocer su criterio y valoraciones acerca del “gemeleo” de la Sala Constitucional.



“Los gremios a quienes hemos trasladado la denuncia, están llamados a pronunciarse sobre los hechos denunciados que son de la mayor gravedad y que involucran a abogados magistrados afectando la institucionalidad del Poder Judicial y hasta la reputación del gremio” manifestó la diputada Leda Zamora.



A su vez el diputado Oliver Pérez manifestó: “Nos interesa que el Colegio de Abogados realice un análisis desde eventuales violaciones a la ética profesional y que la Asociación Costarricense de la Judicatura lo evalué desde el punto de vista procesal y en sus efectos sobre la reputación del gremio de jueces”.



Los diputados denunciaron que los Magistrados de la Sala IV cometieron ilegalidades al tramitar un grupo de consultas de constitucionalidad realizadas por la Asamblea Legislativa durante el mes de marzo del presente año mientras funcionaron dos Salas Constitucionales simultáneamente. Entre el 24 y el 28 de marzo los magistrados titulares y el suplente Federico Sosto (quién actuó en “las dos Salas”) se encontraban separados de sus cargos con licencia pero a pesar de ello resolvieron varias consultas legislativas en ese período.



Los diputados iniciaron la investigación de las salas “gemeladas” a raíz de la participación política del ex Magistrado Federico Sosto.



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PAC ofrece solución para puertos de Limón

El Presidente de la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, remitió al Presidente de la República una propuesta que garantiza el mejoramiento de la eficiencia de la actividad portuaria de Limón.

En propuesta consiste en mantener el actual complejo portuario bajo la administración de JAPDEVA, reformando su ley para garantizar mayor agilidad y flexibilidad en sus operaciones, y la eliminación de los nombramientos políticos en todos los niveles.

También plantea permitir y crear facilidades para que JAPDEVA invierta alrededor de $80 millones en obras y equipos urgentes para cubrir la demanda.

La propuesta incluye la revisión de hasta cinco puntos de la Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, con el fin de limitar algunos beneficios excesivos otorgados a sus trabajadores.

El PAC propone además la construcción de un nuevo complejo portuario en la zona situada al noroeste de Moín. Tanto su construcción como su operación serían concesionadas al sector privado.

La propuesta para la modernización de la actividad portuaria en Limón parte de la necesidad nacional de contar con puertos eficientes y competitivos, capaces de coadyuvar a una exitosa inserción de nuestra economía en el mercado internacional.

El PAC considera especialmente importante dar un impulso a los puertos del Caribe, dado que por ellos transita el 80% del comercio internacional de Costa Rica.

Esta actividad debe además ser un motor para el desarrollo de la provincia, y un punto de encuentro para la toma de decisiones estructurales partiendo de un diálogo constante y sincero con todos los sectores involucrados, que supere de una vez por todas la polarización creada por la discusión del TLC, y nos permita iniciar una era de unión en procura del desarrollo nacional.

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El PAC propone tres proyectos decisivos

Proyectos con una visión país por la calidad de vida de la ciudadanía


· Proyecto de impuesto solidario a las Casas de Lujo, proyecto del establecimiento de la oficina de las mujeres a nivel municipal y proyecto de Autonomía Indígena.

· La propuesta del PAC incluye proyectos que defienden la solidaridad, los derechos humanos de las mujeres y de las minorías indígenas.

· PAC espera que las distintas fracciones se comprometan a poner límite a la discusión y votación de los proyectos propuestos.

Con una agenda solidaria y enfocada en los derechos humanos la Fracción del PAC hace un llamado al Congreso de la República para que se respete el acuerdo de priorizar temas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía costarricense.

Los proyectos que la Fracción del PAC propone para una agenda de consenso son:

Expedientes Nº 16.328 IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA

Expediente Nº 14.352 LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Expediente Nº 14879 REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998, LEY DE CREACIÓN EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES

La Fracción del PAC pretende que estos proyectos se puedan votar de manera expedita. Esperan que así como las otras fracciones trabajaron de manera acelerada y con límite de discusión en una agenda comercial que cambiaba el modelo de desarrollo del país ahora puedan trabajar de la misma manera en la agenda país por la solidaridad y los derechos humanos de la población.

Los proyectos como Tránsito y Seguridad Ciudadana tienen los primeros lugares porque ya se han priorizado en la agenda legislativa. Además, el PAC está proponiendo que se agilice la votación de los proyectos que hoy están en el orden del día del Plenario

“La Fracción del PAC quiere contribuir a que los temas más urgentes para la ciudadanía se aprueben, nuestra visión es de un Partido contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, con valores éticos como la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente” señaló el Diputado Francisco Molina, jefe de Fracción.

La Fracción pretende que los proyectos se voten en un máximo de dos días de discusión. “Es urgente trabajar en una agenda porque el gobierno ha renunciado a atender, por ejemplo, el tema fiscal que está incluído en el proyecto del impuesto solidario, los derechos de las comunidades indígenas que llevan 12 años esperando este proyecto y que sean atendidos los derechos de las mujeres en sus gobiernos locales” concluyó Molina Gamboa.

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Conflicto de intereses
PAC pide destitución de Luis Pal-Hegedüs de la Junta Directiva del Registro Nacional

· Piden a Laura Chinchilla que aclare su participación en la decisión en la desestimación del primer informe de la directora de propiedad intelectual.




La denuncia hecha por el diario Extra el día de hoy confirmó la serie de conflictos de interés en torno a la inscripción de patentes y el trámite de la Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

Los hechos revelan que Vanesa Cohen Directora del Departamento de Propiedad Intelectual presentó un informe que no contó con el aval de los jerarcas, ni tampoco de quienes representan los intereses de las empresas transnacionales en el país. Es interesante que posteriormente la diputada Andrea Morales aprovechándose de su condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Asamblea Legislativa, hubiese procedido a devolver el informe. El resultado es que el Director de Registro Nacional solicita a los diputados de la Comisión de Jurídicos hacer caso omiso del criterio de la experta y generan un segundo informe que no reporte ningún problema para el destino del “proyecto escoba” parte de la agenda de implementación del TLC.

“Estos correos electrónicos que se cruzan entre Andrea Morales y Luis Pal nos explica cual fue la situación de lo que realmente ocurrió con este proyecto. Andrea Morales al no saber cómo proceder le pide consejo a Mayi Antillón y ella le recomienda que se asesore con su esposo Luis Pal-Hegedüs” aseveró el diputado Marvin Rojas.

Todo lo anterior de muestra que los intereses de las empresas transnacionales han influido se en el trámite del último proyecto de ley de la agenda de implementación del TLC; porque el representante legal de más de una veintena de transnacionales asesora a la Comisión de Asuntos Jurídicos para desautorizar los criterios de la Directora de Propiedad Intelectual.

El Partido Acción Ciudadana solicitó a la Ministra de Justicia, Laura Chinchilla, la destitución inmediata del Luis Pal-Hegedüs, de la Junta Administrativa del Registro Nacional por considerar que a todas luces es intolerable la permanencia de un directivo que no se inhibe de influir en una legislación de la cual él recibiría beneficios directos en su actividad privada con la inscripción de patentes.

“No se puede permitir el tráfico de influencias con raigambres en el exterior y de personas influyendo tras bambalinas a diputados de esta Asamblea Legislativa, el señor Luis Pal tiene intereses en empresas transnacionales que se verían beneficiados y funge como asesor de una diputada que se presta a este juego indebido y pone sus servicios para las empresas transnacionales y no para los intereses nacionales” señaló el diputado Alberto Salom Echeverría.

Para la fracción del PAC es preocupante que la ministra de justicia y vicepresidenta de la República Laura Chinchilla fue quien nombró a Luis Pal. Laura Chinchilla debe aclarar cuál fue su participación o si giró instrucciones para la redacción de este segundo informe que solicita hacer caso omiso a los argumentos técnicos de la Jefa del Departamento de propiedad Intelectual.

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PAC propone ruta para último proyecto de la agenda de implementación

· En primera instancia PAC propone que se elimine el último proyecto de la agenda de implementación

· El informe del PAC señala que se debe realizar la publicación y la consulta a los pueblos indígenas tal y como lo indicó la Sala Constitucional.

· De no eliminarse este proyecto debe devolverse a la comisión correspondiente para corregir el proyecto de manera que no afecte a los pueblos indígenas.

· Presentó moción 154 en conjunto con el Movimiento Libertario.

En días pasados la Fracción del PAC propuso que el proyecto 12 se eliminara de ser parte de la agenda de implementación, así como se han eliminado otros proyectos, como el proyecto de ley de contrastos de seguros y de cooperación ambiental. Posición que incluso se le comunicó al Secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez.

Sin embargo ante los desaciertos del Gobierno y de su fracción de seguir con una ruta inconstitucional, el PAC propuso otra ruta alternativa en conjunto con el Movimiento Libertario para que el proyecto vuelva a comisión y pueda enmendarse tal y como lo establece el reglamento legislativo mediante una moción 154.

El jefe de fracción Francisco Molina indicó “se han hecho todas las advertencias del caso para que el Gobierno y las fracciones oficialistas no sigan con los errores que han venido cometiendo al agregar condiciones más allá del TLC, violentando nuestra institucionalidad”

Si el Gobierno mantiene la tesis de excluir solo el inciso 6 del artículo 78 de dicho proyecto, no solventa los graves errores que tiene este proyecto y como lo sugiere la Sala Constitucional en su sentencia, se deben eliminar completamente este artículo y otros más que tengan que ver con protección de obtenciones vegetales y la ley de biodiversidad.

Por último el Jefe de Fracción del PAC, señaló “que siempre han estado dispuestos al diálogo con los funcionarios de este Gobierno, en particular con el Ministerio de Comercio Exterior”. Por lo que hace una excitativa al Ministro Ruiz para reunirse en un marco de respeto que permita un diálogo franco y transparente para construir una vía de solución al amparo de nuestra Constitución.

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PAC PRESENTA PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DEL REFERÉNDUM

· Es necesario fortalecer y democratizar más el referéndum
· Hay que dar garantía de equidad y participación a todas las partes.
· Sancionar con dureza los delitos contra la democracia

La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana en su compromiso con respetar la Constitución Política ha insistido en la necesidad de hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 9 constitucional, a fin de garantizar que el Gobierno de la República no solo sea representativo, alternativo y responsable, sino que sea participativo. “De ahí, la importancia de fortalecer el mecanismo del referéndum como instrumento de participación ciudadana y hacerlo mucho más equitativo y equilibrado para todas las partes” aseguró el jefe de fracción Francisco Molina.

Para lograrlo la fracción del PAC propuso el día de hoy, a un año del primer referéndum histórico de Costa Rica, ocho reformas concretas:

1. Financiamiento público equitativo para las partes o pauta en todos los medios de comunicación por igual para ambas posiciones. Control de recursos por parte del TSE y que este equilibren los programas de opinión y debate en el SINART para garantizar acceso equitativo y gratuito de las partes e impedir la parcialidad en estos medios.

2. Limitación del financiamiento privado para garantizar la equidad. El Estado deberá financiar las partes de forma equitativa, o bien brindarles los recursos necesarios para dar a conocer sus posiciones.

3. Prohibición de proselitismo del Poder Ejecutivo.

4. Fiscalización ciudadana. Se abre la posibilidad para que la membresía de mesa pueda estar abierta a la participación ciudadana y no solo a los delegados del TSE.

5. Prioridad a la convocatoria ciudadana. En esta reforma se le da prioridad a la convocatoria ciudadana. En el primer referéndum realizado en nuestro país, el TSE le dio vía a la convocatoria presidencial frente a la convocatoria ciudadana, contradiciendo el artículo noveno de nuestra Constitución Política que sostiene que el "Gobierno de la República es popular, representativo y participativo...", así como el principio que dice que "primero en tiempo, primero en derecho". Este precedente no debe aceptarse pues le daría una ventaja permanente al Ejecutivo sobre la convocatoria ciudadana.

6. Eliminación de la tregua electoral. En el primer referendo, los sectores del "SÍ" y el Gobierno, aprovecharon los vínculos nacionales e internacionales que tienen con la mayoría de los medios para hacer proselitismo a favor del TLC en un formato de noticias. Frente a esto, el TSE no actuó posiblemente bajo el argumento de que hubiera sido violar el derecho a la libre información. Ante esta situación, parece que el único mecanismo viable para impedir que se burle de forma descarada la normativa y se deje en una situación de indefensión a una de las partes es que se elimine la tregua electoral.

7. Mayores sanciones para quienes coaccionan el voto.

8. Transporte gratuito en todo el país.

Para el diputado Sergio Alfaro este proyecto busca reparar algunos de los problemas que generó la mala técnica legislativa, las múltiples interpretaciones que tuvieron lugar durante el proceso del referéndum del 2007. “El referéndum es una excelente herramienta de la democracia mientras no se convierta en un foco de conflicto más sino en una forma de resolver de conflictos sociales.” concluyó.

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Miércoles 24 de setiembre del 2008
Comunicado de Prensa

Supuesto arreglo con nuevo operador es un fraude y una estafa

ILEGALIDADES DEL PROCESO DE NUEVA GESTIÓN DEL AEROPUERTO

 

·       PAC exige intervención inmediata del CETAC y el OFGI y asumir inmediatamente la administración del Aeropuerto: nuevo operador es un fantasma

·       Es un contrato nuevo ilícito en todos sus alcances

·       PAC propone activar acuerdo con la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)

 

El legislador Marvin Rojas Rodríguez indicó que la complacencia ya llegó al cinismo: “El CETAC señaló en el 2006 incumplimientos graves que no se subsanaron nunca y señaló que las multas son superiores a los 9 o 10 millones que pretenden cobrar. Dos años después, Alterra engordó su billetera y la de sus socios ilegalmente según la misma Contraloría con más de $100 millones, y ahora pretenden cobrar el monto mínimo de multas. Se olvidaron que el Gestor sí tiene quién los defienda y ya le sacaron a los costarricenses casi 7 mil millones de colones en arbitrajes, y Costa Rica perdió $100 millones en el 2006, en turismo, por el pésimo aeropuerto que tenemos. La deuda pendiente de Alterra con Costa Rica asciende a más de 150 millones de dólares”.

En documentos aportados por el legislador consta la siguiente información:

-       el nuevo gestor, HASDC, no tiene permiso del Alcalde de Houston para hacerse cargo del Aeropuerto, sólo para dar asesoría externa, a través de un contrato de servicios técnicos,

-       ADCHAS, quien sería el verdadero gestor, no tiene experiencia en lo absoluto,

-       en memorándum de enero de 2008, director de Aviación de HAS, afirma y da por un hecho que: “HASDC se ha unido a un consorcio liderado por ADC-HAS para concretar proyectos de privatización de aeropuertos en Costa Rica (inconstitucional), que incluye la nueva terminal de pasajeros de Liberia (ilegal por no haber pasado por licitación), la adquisición de la concesión de Alterra en San José, y nuevas concesiones potenciales de otros aeropuertos”,

-       los principios esenciales del Contrato de Gestión Interesada, fueron cambiados en TODOS sus alcances y ya nuevo operador plantea la posibilidad de indemnización,

-       en documentos, constan nombres diferentes para la acción que se pretende concretar: modificación al Contrato, Addendum, cesión de acciones, plan de remediación y traspaso de contratos son unos de los nombres que le han dado a la operación,

-       los subcontratistas que hasta ahora han lucrado con el negocio, seguirán haciéndolo (Datsun, EDICA y DHL).

El diputado Rojas calificó como una estafa y fraude, el documento presentado por las jerarcas del MOPT para cambiar el gestor del Aeropuerto. “Ni siquiera saben el nombre de la figura de lo que están haciendo. Se desmienten en todos sus actos. Lo que indica el contrato para poder rescindirlo, las jerarcas del MOPT lo repiten y repiten como si fuera la “Historia sin Fin”. El inicio de la ruptura del contrato con Alterra pronto cumplirá dos años, y ahora le salen a la ciudadanía con esta nueva situación. La intervención del Ministerio Público es urgente, así como una auditoría de la Contraloría. Ya es hora de que el Estado se haga cargo del Aeropuerto. OACI construye aeropuertos de calidades insuperables con los ingresos de un año de operación de éstos”, concluyó el legislador.

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Miércoles 24 de setiembre del 2008

CONFERENCIA DE PRENSA

Presentación de la guía de Acción por el Tratado Global contra el Tabaco

En el marco de la campaña IX Semana Internacional de Resistencia contra las Transnacionales del Tabaco.

RENATA(Red Nacional Antitabaco):

Ministerio de Salud, IAFA, ACOSAP(Asociación Costarricense de Salud Pública), Instituto Costarricense Contra el Cáncer, FUPRODENOF (Fundación Pro Derechos de los No Fumadores), UCR, UNED, Municipalidad de San José, ICE, Asociación de Estudiantes de Medicina,  Despacho del Diputado Orlando Hernández.

Lugar: Antigua Capilla Sión
Día: Jueves 25 de septiembre
Hora: 10 am

SPOT de la campaña en Costa Rica:
<http://www.youtube.com/watch?v=gegJFu34Q9k>

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Denuncia del PAC ante la Contraloria sobre FUPROVI

San José, 25 de agosto de 2008

291-ASE-2008 
 

Licenciada

Rocío Aguilar Montoya

Contralora General de la República 

S______D 
 

Señora Contralora: 

     Reciba un cordial saludo.  

     Seguimos preocupados por la situación que está atravesando el sector vivienda. Específicamente, por algunos problemas detectados en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y las Entidades Autorizadas, el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

     El llamado Bono Comunal o Comunitario es el motivo de nuestra preocupación. La legalidad, la conceptualización y el uso de este instrumento, así como el incumplimiento por parte de funcionarios de varias instituciones estatales de la Ley de Contratación Administrativa, nos obligan a exponer lo siguiente:  

     1. Sobre el Bono Comunal o Comunitario 

     Mediante la ley N.º 8627, Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico para el año 2008, se aprobó una transferencia de 20 mil millones de colones a favor del MIVAH (Tomo II, página PP-215-038, Código Presupuestario 215 814-00 70106 001 2310 3160 216), la cual, fue transferida posteriormente al BANHVI.  

     El Banco utiliza los recursos para financiar la construcción de obras comunales y/o de infraestructura en ciertos lugares del país, sin que necesariamente los proyectos  estén asociados a la construcción de vivienda popular. 

     La ley N.º 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, crea el BANHVI, el cual maneja dos fondos:  el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI)¹ el Fondo de Subsidio de la Vivienda (FOSUVI)²; no crea ningún otro fondo, ni autoriza que se manejen los recursos destinados a sus programas por otro medio. 

     Por otra parte, la misma ley señala en su articulado que  los objetivos del Banco son financiar y proveer vivienda a las familias de más escasos recursos económicos, para lo cual debe cumplirse con toda la normativa vigente.³ 

     Como es de su conocimiento, los funcionarios deben apegarse a los principios de legalidad que rigen al sector público y, por lo tanto, toda decisión o actuación debe fundamentarse en una norma expresa que lo autorice. De lo anterior nos surgen las siguientes dudas: 

• ¿Puede el BANHVI financiar obras comunales que no son estrictamente necesarias y no ofrecen soluciones habitacionales, por ejemplo, bulevares  y salones comunales?, ¿no es esta, más bien, responsabilidad expresa de otras instituciones del sector público como las municipalidades?, ¿no sería esto una desviación de los escasos recursos destinados por ley para resolver los problemas de vivienda?, ¿no debe cada institución, en aras del manejo eficiente de la hacienda pública, especializarse en lo que la ley le encarga?, ¿no es cierto que el órgano contralor -en el pasado reciente- le ha prohibido al IMAS financiar, por ejemplo, acueductos rurales por escapar esta tarea de su marco de acción legal?, ¿podría cada institución reorientar sus funciones y financiar proyectos ajenos a sus funciones?

 

• La ley sólo creó dos fondos (FONAVI y FOSUVI) dentro de la estructura del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para administrar los recursos públicos destinados a ofrecer soluciones habitacionales, ¿cuál es el fundamento jurídico en el que se sustenta el BANHVI para administrar los recursos transferidos por el MIVAH fuera de los fondos creados por ley?

 

• Si los recursos del Bono Comunal pueden administrarse por un medio distinto al FOSUVI, ¿se podría concluir entonces que escapan a los controles ya establecidos?, ¿estarían entonces dichos recursos exentos de las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa?

 

• Si por el contrario, dichos recursos sólo pueden ser canalizados por medio del FOSUVI, entonces ¿deberán cumplir con las disposiciones de la legislación y la reglamentación respectiva, por ejemplo, lo que establece el artículo 59 de la ley N.º 7052 sobre el tope de financiación para “subsidiar, mediante las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras, construcción de viviendas, en caso de proyectos individuales o colectivos de erradicación de tugurios y asentamientos en precario”?

 
 

     2. Sobre el uso del Bono Comunitario en Rincón Grande de Pavas 

     Como ya es del conocimiento de la CGR, el INVU es el propietario de la finca conocida como Finca San Juan en Rincón Grande de Pavas, donde existe un asentamiento informal.  

     Es loable que se quiera erradicar este precario mediante la construcción de viviendas y obras de infraestructura necesarias. No obstante, cualquier proyecto de esta naturaleza debe responder a la legislación vigente, atender las disposiciones expresas del ente Contralor y desarrollarse con la mayor transparencia en cuanto al manejo de los recursos públicos.  

     Por lo anterior, tenemos claro que todas las contrataciones necesarias para lograr la erradicación de este precario (la contratación de consultores para la confección de planos maestros, los estudios de suelos, la selección del desarrollador, entre otras), debieron cumplir con los principios de la contratación administrativa. Si el INVU, a pesar de tener los recursos para hacerlo, decidió delegar y contratar a terceros, estaba obligado a realizar concursos públicos y cumplir así con los principios de publicidad, libre concurrencia, eficiencia e igualdad de trato entre todos los potenciales oferentes, así como los principios de justicia, equidad y legalidad. 

     Sin embargo, la escogencia del desarrollador fue extraña a estos principios, ya que la hizo el ex ministro Fernando Zumbado directamente y sin tener la potestad legal para hacerlo.  

     En el acta N.º 03-2008  de la Junta Directiva del BANHVI, de fecha 14 de enero de 2008, se evidencia que el ex funcionario ya había seleccionado “a dedo” y sin criterios técnicos, a la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) para desarrollar el proyecto. Así lo manifestó ante dicho órgano colegiado:  

“Por otro lado el Director Presidente comenta que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos solicitó la colaboración de FUPROVI para atender este proyecto de vivienda y es por ello que desde hace cerca de ocho meses esa Fundación ha venido trabajando en este asentamiento y ya ha avanzado mucho en lo que se refiere a trámites y permisos”.  

     De lo anterior, señora Contralora, se desprende que desde inicios del año 2007, el ex ministro Zumbado decidió ilegalmente que FUPROVI fuera el desarrollador de un proyecto habitacional en un terreno propiedad del Estado y con recursos públicos, al margen de las leyes y las disposiciones del ente Contralor.  

     Por otra parte, mediante el oficio N.º DM 1260-12-07 del 11 de diciembre de 2007, el ex ministro Zumbado manifiesta: 

“Le hemos encomendado a FUPROVI la responsabilidad de dicha intervención, por lo que urge que se formalicen los acuerdos necesarios entre el INVU  y la Fundación que faciliten el trabajo de esta última. 

Este próximo 18 de diciembre deberán empezar las obras, por lo que tenemos un enorme sentido de urgencia, sobre todo por la expectativa que tiene la comunidad.” 

     Las acciones anteriores son, en nuestro criterio, una clara violación a la normativa vigente, especialmente, a la luz de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

     El ex ministro se arrogó la potestad, sin mediar un proceso abierto y transparente de contratación fundado en los principios de la contratación administrativa, de encomendar el desarrollo de un proyecto millonario a FUPROVI, sin contar siquiera -como corresponde- con la aprobación de las juntas directivas del BANHVI y el INVU. A pesar de lo anterior, el ex titular de la cartera de Vivienda, anunció a la prensa el inicio de las obras.⁴ No escapa al ente Contralor el hecho de el señor Zumbado es el fundador de FUPROVI.  

     Adicionalmente, el presidente ejecutivo del INVU firmó, en mayo de 2007, un convenio de “Alianza Estratégica” con FUPROVI, cuya eficacia quedaba sujeta al estudio de legalidad por parte de la asesoría legal del INVU. 

     En abril de 2008, sin contar con el visto bueno de la asesoría legal, el convenio fue enviado a la Contraloría General de la República para su refrendo. Después de un intercambio formal de notas, el ente Contralor decidió no autorizar el convenio argumentando que los fondos del FOSUVI escapan a las normas establecidas en la Ley de Contratación Administrativa. 

     No obstante lo anterior, la CGR destacó la imperiosa necesidad de cumplir con los principios de la contratación administrativa y la importancia de conocer y evaluar la razonabilidad de los costos que conllevaría ejecutar dicho convenio, ya que los mismos no fueron detallados en el convenio de “Alianza Estratégica” (Oficio N.º DCA-1424-2008): 
 
 
 
 

“Ha quedado claro que la relación entre la entidad autorizada con la desarrolladora, se regula por un régimen particular, donde no resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa. 

Véase que ha sido criterio de este órgano que en la selección de las entidades desarrolladoras por parte de las entidades autorizadas, debe procurarse la aplicación de principios de contratación administrativa y sana administración de los recursos. 

De allí, es dable concluir que al no ser de aplicación  la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en este caso, esta Contraloría General se encuentra inhibida para otorgar la autorización pretendida.  Por ello, le corresponderá a esa Administración seleccionar, según los principios señalados las entidades desarrolladoras.  

Si bien ha quedado claro que al caso particular no se aplica la LCA, si debemos recalcar que resulta de aplicación los principios que informan la materia de contratación administrativa, los cuales, a la luz de lo expuesto en el voto de la Sala Constitucional 998-98 del 16 de febrero de 1998, son de rango constitucional. 

(...) 

Aunado a lo anterior como ejercicio previo a suscribir un acuerdo como el que se pretende, es establecer y acreditar los motivos que llevan al convencimiento que la alianza con una determinada entidad es la forma más apta para satisfacer las necesidades.  Para ello, no debe olvidarse que dentro de los principios propios de la contratación administrativa, destacan los principios de publicidad e igualdad que tienden a brindar una amplia participación a los diferentes actores que pueden intervenir en un giro particular de contratación.  Resaltamos esto ya que ante la consulta que hiciéramos a fin de determinar las razones por las cuales se decide contratar en forma directa con FUPROVI, se transcriben numerosos artículos del Reglamento de Crédito para la Producción de Soluciones de Vivienda así como de la Ley Orgánica del INVU. 

Otro elemento fundamental en este tipo de negocios, al estar de por medio recursos públicos, es establecer la razonabilidad de los costos, lo cual encuentra íntima relación con la precisión del objeto que se pretende llevar a cabo.  Podría resultar riesgoso concertar acuerdos generales que al momento de implementarse en casos específicos los cotos resulten muy elevados.  Este tipo de variables deben ser ponderadas previamente.” 

     Adicionalmente, el BANHVI le quitó a la Mutual Alajuela-La Vivienda un fideicomiso (para el desarrollo de la urbanización Metrópolis, en Pavas) que, por varios años, tuvo bajo su administración, para dárselo al INVU, con la finalidad de cerrar el círculo en cuanto al manejo irregular de los recursos para vivienda, mediante la contratación directa de FUPROVI. 

     La relación de hechos y nombres que surgen, nos preocupa enormemente, ya que quedan al descubierto los nexos y los intereses particulares que existen entre la parte contratada y el contratante:  

     Como ha quedado dicho, el ex ministro Zumbado, señora Contralora, figura como fundador de FUPROVI.  

     El señor Miguel Ángel Murillo también fue directivo de FUPROVI hasta mayo de 2006, fecha en la que renunció para ocupar un puesto en la junta directiva del BANHVI. El nombramiento fue hecho por la actual administración.  

     El señor Eladio Prado Castro, ex presidente ejecutivo del INVU, es hermano de la señora Adriana Prado Castro, asesora de la presidencia de la República y una de las principales socias del señor Zumbado en sociedades mercantiles como el CIDH, que fue beneficiada, también por el ex jerarca de Vivienda, con la contratación de millonarias consultorías para el Estado (Caso Taiwán-BCIE-MIVAH, investigado por el órgano Contralor).  

     El fundador de FUPROVI, Allan Thompson Chacón, es hermano de Roberto Thompson Chacón, director del BANVHI y viceministro de la Presidencia. 

     Personalidades ligadas anteriormente con la función pública también pertenecieron a dicha fundación. Por ejemplo, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Saúl Weisleder Weisleder y Jorge Vargas Cullel. 

     Todo lo anterior, evidencia las fuertes y cercanas relaciones de un grupo de personas ligadas entre sí que ocupan u ocuparon puestos importantes en organizaciones públicas relacionadas con el sector de vivienda y cuyas decisiones, afectaron negativamente a quienes más lo necesitan.  

     El señor Zumbado afirmó el 24 de julio de 2008 en la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos (Acta de la Sesión Extraordinaria N.º 8, página N.º 16.) que, ante cualquier inconveniente con la donación hecha por Taiwán, podía contar con los recursos provenientes del Bono Comunitario:  
 
 
 

“A pesar de todo esto, en Pavas, -y lo voy a decir de una manera muy resumida- cuando vimos que había un atraso en la parte de Componente Barrial, que tenía que ver con infraestructura, no me preocupó mucho porque ahí teníamos fondos.  

Asignamos en el presupuesto ¢20.000 millones para el bono comunal.  Ya se está empezando a aplicar el bono comunal en este tipo de operaciones.

Hay un proyecto...,para que vean ustedes la franja que está ya en la última etapa.  Ayer en el Banhvi casi lo aprueban pero no lo aprobaron.  El bono comunal es para la infraestructura, son 300 millones, son 57 casas, y en la vivienda ya la gente tiene su título, son 5 millones.  Bueno, en fin. 

Recursos propios presupuestados ya, listos para ejecutarse, tenemos prácticamente 4.500 millones; es decir casi 10 millones de dólares.  Comparados con los 500.00 que podríamos tener con este proyecto.   

Es decir, el Estado Costarricense está poniendo un monto sustancial en ese tipo de operaciones.” 

     3. Sobre la comunidad de La Carpio 

     El IMAS es el propietario de la finca La Carpio, lugar que también está ocupado por familias que viven en condición de pobreza. 

     El IMAS y FUPROVI firmaron un convenio para desarrollar La Carpio. Al igual que el caso anterior (INVU-FUPROVI), este convenio presenta los mismos problemas señalados por el órgano Contralor, sin embargo, la asesoría legal del IMAS le dio el visto bueno y no fue remitido a la CGR para su refrendo.  

     Además, conocemos que en años anteriores el IMAS y FUPROVI firmaron convenios similares para desarrollar urbanizaciones en terrenos propiedad del IMAS y que los resultados fueron totalmente perjudiciales para esta institución. Por ejemplo, el proyecto “Las Mandarinas” en Los Guido de Desamparados.   

     En este caso, tampoco hay evidencia de que la administración haya respetado los principios de la contratación administrativa.  

     En el acta N.º 50-2007 del 26 de julio de 2007 de la junta directiva del BANHVI, se consigna una presentación hecha por la señora Eloisa Ulibarri  Pernús, directora ejecutiva de FUPROVI. Desde esa fecha, se obviaron todos los procedimientos establecidos y las disposiciones de la Contraloría, para seleccionar a dicha fundación como responsable de desarrollar un proyecto de mejoramiento comunal en La Carpio, donde ya se han ejecutado una serie de trabajos de campo, que posteriormente serán cobrados al BANHVI.

     De hecho, en la presentación mencionada, la representante de FUPROVI manifiesta ante las autoridades del BANHVI su interés por lograr condiciones, a nuestro juicio, exageradas y hasta ilegales. Por ejemplo: 

• Que se reconozca al INVU como entidad autorizada del proyecto y a FUPROVI como responsable del proyecto.

 

• Que el plazo para cancelar el adelanto del subsidio sea de 12 meses después de finalizado el proyecto.

 

• Que se apruebe un primer desembolso para el diseño y los gastos de preinversión.

 

• Que se solicite garantía por el desembolso mayor y no por todo el monto aprobado.

 

• Que se utilicen recursos del programa de mejoramiento de barrios para la infraestructura, sin que sea necesario individualizar el adelanto del subsidio.

 

     Cabe recordar, que FUPROVI actúa como una especie de intermediario entre el contratante, es decir, las instituciones públicas, y los desarrolladores de los proyectos. No es la Fundación la que se encarga de ejecutar las obras, sino que realiza subcontrataciones.  

     4. Conclusiones y Requerimientos 

     Nos preocupa, señora Contralora, que funcionarios utilicen sus cargos y los recursos públicos para favorecer a organizaciones privadas, con las que mantienen un estrecho vínculo, con millonarias contrataciones, utilizando mecanismos de selección que riñen abiertamente con las leyes y las disposiciones del órgano contralor. No se trata de casos aislados, es un procedimiento similar al observado en el caso del contrato de Fideicomiso suscrito por Taiwán, el BCIE y el MIVAH. 

     Requerimos, respetuosamente, de la Contraloría General de la República, una investigación exhaustiva, que señale claramente si hay irregularidades y a quién puede imputársele la responsabilidad. Esperamos que se ejerzan las medidas disciplinarias del caso y, si fuere necesario, se eleven las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.   

     Adicionalmente, le solicitamos al ente contralor que ordene una investigación a lo interno de MIVAH y en el BANHVI, con el objetivo de determinar lo siguiente:  

• ¿Cuáles proyectos habitacionales se han hecho y están siendo ejecutados y financiados mediante el denominado Bono Comunal?, ¿cuál es su costo?

 

• ¿Cuáles fueron los criterios para la escogencia de dichos proyectos?

 

• ¿Cuáles personas físicas o jurídicas, contratadas directamente o por medio de un tercero, elaboraron o están elaborando las consultorías técnicas y los trámites mínimos necesarios para construir las obras de infraestructura?

 

• ¿Cuánto se ha pagado por esas consultorías y trámites? Por favor, requerir a la instancia administrativa correspondiente la lista de todas las personas físicas y jurídicas que han sido contratadas para estos efectos y cuyos honorarios han sido cubiertos con recursos presupuestarios o extra presupuestarios de cualquier naturaleza.

 

     De antemano agradecemos su atención y pronta respuesta.  

     De usted con toda consideración,  
 
 
 
 

Sergio Alfaro Salas DIPUTADO

Alberto Salom Echeverría DIPUTADO

 
 

C:

Ministerio Público;

Clara Zomer Rezler, Ministra de Vivienda;

Archivo.

CARTA DE EL DIPUTADO ALBERTO SALOM AL PRESIDENTE OSCAR ARIAS SANCHEZ

San José, 12 de agosto de 2008

280-ASE-2008 

Doctor

Oscar Arias Sánchez

Presidente de la República

S______D 
 

Señor presidente:  

     Reciba un cordial saludo. 

     Como es de su conocimiento, la prensa nacional informó en sus ediciones del martes 5 de agosto del año en curso, que la firma china Huawei Technologies Costa Rica fue la única empresa que atendió la invitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y presentó una oferta formal para instalar en el país una red de 1,5 millones de líneas celulares de tercera generación.     

     Los medios de difusión destacaron que la oferta de la compañía china asciende a $583 millones, lo que supera en casi un 160% las estimaciones iniciales del ICE. 

     Me llama poderosamente la atención, señor presidente, el hecho de que el periódico La Nación nos recordara en su edición electrónica, no así en su edición impresa, su visita a las instalaciones de dicha compañía en octubre de 2007 ¹: 

“El mandatario Óscar Arias, visitó la planta de Huawei Technologies en Pekín, China, en octubre del año pasado.

En su viaje oficial se hizo acompañar por Alfredo Ortuño, presidente del BCIE para Costa Rica y quien hoy es parte del consorcio para obtener las 1,5 millones líneas celulares.”

     Me pregunto, señor presidente, ¿por qué las demás compañías desistieron de participar en un negocio tan rentable?, ¿por qué Huawei Technologies Costa Rica objetó, junto con otras cuatro compañías, el cartel de licitación preparado por el ICE y al final decidió participar y resultó ser el único oferente?, ¿no le parece interesante? Por supuesto, no es usted quién deberá  responder en primera instancia mis inquietudes.  
 

     Lo que sí es motivo de consulta formal, señor presidente, es la relación del señor Alfredo Ortuño Victory, representante del gobierno de la república ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con los representantes de la firma Huawei Technologies Costa Rica.  

     Según nos informa La Nación, el señor Ortuño Victory, ex tesorero de su campaña electoral y quien ha acompañado a las delegaciones oficiales del país en sus visitas a China, “es parte del consorcio para obtener las 1,5 millones líneas celulares.” Tengo entendido, a partir de la información difundida por los medios, que el BCIE pretendía financiar la instalación de la red de líneas celulares de tercera generación.   

     Por lo expuesto, señor presidente, y de conformidad con el bloque de legalidad vigente, artículos 27 y 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, me permito solicitarle, respetuosamente, responder a las siguientes consultas, en los plazos y los términos que la ley dispone:  

1. ¿Conocía usted la relación del señor Ortuño Victory con la firma Huawei Technologies Costa Rica?
2. ¿Participó usted, durante su visita a la planta de Huawei Technologies en Pekín, en alguna reunión donde se negociara la incursión de la firma china a Costa Rica?
3. ¿Tiene usted algún interés directo, al margen de sus obligaciones como mandatario, en el proceso licitatorio mencionado donde participa Huawei Technologies Costa Rica?
4. ¿Avala usted que su representante ante el BCIE impulsara un crédito millonario a favor del ICE para contratar servicios de telecomunicaciones con una empresa de la cual forma parte?

 

     De antemano agradezco su atención y pronta respuesta. 

     Atentamente,  
 
 

Alberto Salom Echeverría

DIPUTADO

 

C.

Contraloría General de la República;

Junta Directiva, ICE;

Archivo